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La justicia en Chile todavía es vulnerable: Alejandra Matus

Publicado originalmente en el Diario La Opinión de California, el 30 de julio de 2001


Después de más de dos años de asilo político, la periodista pudo volver a su país sin temor a ser arrestada

Patricio Zamorano Martínez
Especial para La Opinión

El caso de la periodista Alejandra Matus deja muy en claro la debilidad de la democracia chilena. Pasó dos años de su vida asilada en Estados Unidos debido a una orden de arresto en su contra tras un proceso abierto por el ex presidente de la Corte Suprema Servando Jordán. El magistrado buscaba silenciar la obra El Libro Negro de la Justicia chilena, donde la periodista devela las irregularidades del Poder Judicial, vulnerable a las presiones económicas y políticas e impartiendo, por décadas, una justicia parcial e ineficiente. En abril de 1999, el mismo día en que era lanzado el libro, Jordán usó en su contra algunos artículos de la Ley de Seguridad Interior del Estado, normativa que da privilegios jurídicos a las autoridades públicas. Algunos artículos de esa ley fueron derogados este año, lo que permitió que Matus pudiera volver a su país, aunque la censura y la confiscación del libro continúa, causando pérdidas millonarias que superan el millón de dólares. También ha habido un costo humano para la periodista, que sufrió los rigores de la “transición democrática chilena”.

¿Cuál es en rigor su situación legal en Chile?

La ley de prensa aprobada este año incluyó la derogación de varios artículos de la ley de Seguridad Interior del Estado, que motivó el proceso en mi contra y la censura del libro. Pero el juez que sobreseyó el caso lo hizo sólo en cuanto a la acusación de la ley de Seguridad. Para que el arresto se levantara y el libro pudiera circular tenían que continuar todos los procesos de apelaciones que contempla la ley. Nosotros estimamos que al no existir ley todo el proceso debía ser sobreseído definitivamente. La Corte de Apelaciones aceptó el recurso de amparo que presentamos, que me permitió volver a Chile, pero  no tuvo injerencia en que el libro pudiera circular. Ahora  presentamos un recurso de protección para cambiar esto y para que el libro no esté confiscado. Pero aún queda la posibilidad de continuar el proceso por otro tipo de delitos anexos, como injuria, cohecho y otros de los cuales Jordán me acusa sin ningún fundamento.

En el momento en que esta entrevista era editada, el recurso de protección para publicar el libro fue rechazado. El abogado de la periodista, Jean Pierre Matus, presentó inmediatamente un recurso de queja ante la Corte Suprema.

¿Cómo se sintió al volver a Chile?

Fue muy emocionante después de estos años y meses de exilio, especialmente por el reencuentro con mi familia y amigos. En lo profesional recibí el respaldo del Colegio de Periodistas y fui invitada a una reunión con el ministro secretario general de Gobierno, Claudio Huepe. También estuvo presente el encargado para Chile de Human Rights Watch, Sebastián Brett, y representantes de la Editorial Planeta.

Le planteamos la existencia de muchas normas que limitan la libertad de expresión y pedimos su pronta derogación. También agradecimos al gobierno y al presidente Ricardo Lagos por haber presentado la moción que anuló los artículos de la ley de Seguridad Interior del Estado.

Con las derogaciones de los artículos de la ley de seguridad interior, ¿se acaban este tipo de preceptos en la legislación chilena?

No. Todavía hay muchas normas que pueden provocar la confiscación de obras. Están presentes en el código penal. Es importante que se hayan derogado varios artículos de la ley, pero existen normas que dan a las autoridades públicas privilegios similares a la ley de Seguridad Interior. También hay normas en el código de justicia militar. Además, en la nueva ley de Prensa existen aún artículos que limitan la libertad de expresión.

Llama la atención que estuviera exiliada y asilada en EU cuando se supone que en Chile hay plena democracia…

Claro, aunque es un supuesto errado. No hay plena democracia si no hay libertad de expresión. Hace tiempo que la jurisprudencia internacional considera que castigar la opinión y las informaciones por la vía criminal es contrario a la democracia. Es decir, se consideran indemnizaciones, pero el ofensor no va a la cárcel.  Nadie debería ir a la cárcel por emitir una opinión y menos contra autoridades públicas. En Chile eso es posible aún. El país recuperó la democracia electoral en 1990 y afortunadamente no existe represión ni policías secretas, pero no significó terminar con las limitaciones a la libertad de expresión.

En mi caso había una amenaza directa a mi libertad personal y de expresión solamente por cumplir con mi deber profesional. Eso no es aceptable en una democracia y por eso EU me dio asilo. O sea, quienes tienen que reflexionar sobre lo que esto significa son las autoridades chilenas. A mí no me parece extraño que esto haya ocurrido. Me parece una consecuencia lógica.

CONSECUENCIAS PERSONALES

¿Cómo se siente en el plano personal?

Este tipo de procesos es una agresión en sí mismo y violador de mis derechos humanos. Me siento agredida en mi dignidad humana pero también en cuanto a los derechos de los chilenos a estar informados. También han sido dos años de gratificaciones donde por lo menos he visto el resultado de mantenerme peleando para que esta situación cambiara. He recibido el apoyo de muchas personas, gente sin poder, o personeros del gobierno y de distinto calibre, que me han dado ánimo para mantenerme en pie.

¿Que consecuencias le trajo esta situación?

El hecho de estar dos años y medio alejada de mi país es un daño que ya se hizo. El hecho de que el libro todavía no pueda circular también es un daño cuantificable. Hay un daño que ya está hecho.

¿Qué siente respecto de Jordán?

No tengo ningún sentimiento contra él. Hizo uso de una ley antidemocrática. No estoy de acuerdo con él. Pero el problema no es Jordán, el problema es la ley. Mientras existan esos cuerpos legales van a existir los “Jordanes”. Es una ley muy tentadora para cualquiera que detente el poder.

¿En qué manera define a Jordán, según lo que se informa en el libro, el proceso que inició contra usted?

Pienso que su actitud confirma lo que está dicho en el libro, pero no quisiera ahondar en el tema Jordán pues el libro no habla sobre él sino sobre el Poder Judicial. Jordán es un personaje del libro pero la obra es un análisis de fondo sobre la conducta del Poder Judicial  a través de su historia y particularmente en la dictadura, y en los últimos años de la democracia.

Sin embargo, ¿cómo explica la reacción del magistrado ante una crítica legítima?

Pienso que él actuó precipitadamente. Creo que no era el más perjudicado en el libro, aunque lo importante es la conclusión de fondo, que es que Chile no ha tenido realmente un Poder Judicial a través de su  historia y lo que ocurre actualmente es consecuencia de eso. En el libro no hay asuntos personales involucrados. Se narran hechos que ocurrían a vista y paciencia de todo el mundo y cosas que personalmente yo las vi, y no en las casas de estos señores, si no en el palacio de tribunales.

¿Siente rencor?

Los últimos años no han sido fáciles, pero no siento rencor contra nadie.

¿Cambió su vida?

Cambió radicalmente. Han sido dos años dedicados exclusivamente a este tema. No sé si se puede imaginar a una persona que no puede planear su vida pues estás pendiente de lo que pasa en tu país, si se levantó la orden de arresto, que qué hizo el juez. Las cosas más insignificantes de la vida cotidiana, lo que la gente da por garantizado, no ha estado ni para mí ni para mi esposo.

REFORMA JUDICIAL Y PINOCHET

Alejandra Matus está preparando otro libro con el tema de la libertad de expresión como punto central. Narrará, además, sus experiencias en el los últimos años en relación al proceso judicial en su contra y otros casos donde la libertad de expresión ha sido atacada.

Se espera que la nueva reforma del procedimiento penal mejore esta situación… 

Ha habido un gran avance, pero el problema de fondo no se ha solucionado, que es la dependencia del Poder Judicial bajo los otros poderes del Estado. Es débil y vulnerable frente a las presiones de los sectores económicos y militares. El poder Judicial actual es el que se diseñó para obedecer al rey de España, implica obediencia, sumisión. Se necesita otro tipo de reforma, de darle una estatura de verdadero poder del Estado, autonomía, autogobierno. Actualmente no están ascendiendo los mejores jueces, sino los que no le causan problemas a nadie y provocan el consenso político.

Pinochet fue liberado justamente apelando a artículos de la nueva reforma en curso, que considera razones de salud…

El tema de Pinochet me parece consecuencia de lo que estamos hablando, que los jueces y la justicia son vulnerable a las presiones. Antes del fallo eran evidente en la prensa los mensajes que se mandaban desde distintos sectores políticos y de gobierno sobre lo bien que verían que Pinochet fuera absuelto. Entonces es difícil desligar la decisión de los jueces con el ambiente político.

En los primeros años de la transición el ambiente político determinó que Pinochet era intocable y ningún juez lo tocó. Pero en otro momento cuando fue arrestado en Londres el ambiente político determinó que era bueno iniciar un juicio en Chile porque lo podían llevar al país. La justicia oyó y actuó. Y ahora a dos años las condiciones cambian nuevamente y aparece más conveniente liberarlo de cargos. Así va actuando la justicia, más que sobre la base del derecho.

¿Que le parece la labor realizada por el juez Guzmán, quien procesó a Pinochet por decenas de querellas por violaciones a los derechos humanos?

Guzmán es un juez muy valioso que hizo su trabajo. Los jueces se transforman en héroes cuando simplemente hacen lo que tienen que hacer. Sin embargo, se da el caso en circunstancias bien específicas. El trabajo de Guzmán no hubiera prosperado sin la complacencia de la Corte Suprema, y ésta no hubiera dado su visto bueno si el Ejecutivo no lo hubiera visto con buenos ojos. En ese momento, el gobierno necesitaba un caso para llevarlo a Chile y eso permitió que Guzmán avanzara hasta donde lo hizo. Jueces valiosos hay en el Poder Judicial. La crítica es a un sistema que resguardándose en el silencio, en la inaccesibilidad a los jueces, en la arbitrariedad en las decisiones que se toman en la sombra,  en la falta de responsabilidad con sus fallos,  provoca las falencias. El libro muestra los síntomas para hablar de la enfermedad, no para quedarse en los síntomas. Hay sistemas que promueven la corrupción y corrompe a las personas. Con un sistema transparente se generan personas probas. Esa es mi hipótesis de trabajo.

Algunos pasajes de “El Libro Negro de la Justicia Chilena”

En su despacho era habitual ver a otro mediador, Manuel Mandiola, personaje que, en medio de la acusación constitucional contra el magistrado, llamó al abogado Luis Ortiz Quiroga y le dijo sin mayores preámbulos:

-Quiero ofrecerle mi testimonio. He sido víctima de mi ex amigo Servando Jordán.

Mandiola dijo que Jordán cobraba por los fallos, que tenía una “cajita” en su oficina donde guardaba los dineros obtenidos por esos servicios, y que él personalmente analizaba junto al ministro las causas en que Ortiz era representante y buscaban el modo de hacerlo perder.

-¿Usted repetiría estos mismos dichos ante el Colegio de Abogados?

-Sí, claro, no tengo inconveniente.

Mandiola estaba en esos minutos seriamente enfadado con Jordán y aceptó la petición de Ortiz, pero el día que acordaron para la comparecencia, Mandiola se excusó. “No voy a ir”, le dijo simplemente al abogado Ortiz Quiroga. Había hecho las paces con el magistrado.

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Cuando yo reporteaba para este libro entre 1993 y 1994, (…) me contaron que “todos los días llegan diferentes niñas preguntando por el ‘tío Marcial’ [se refiere al fiscal Marcial García Pica]. Todas son sus sobrinas. El les hace de todo. Las toquetea, las desviste, les toma fotografías que luego destruye y echa en el papelero. Muchas veces vimos esos pedacitos de foto al sacar la basura”.

A veces García se asomaba por la ventana de su oficina, que daba a calle Bandera, y hacía señales a menores que lo esperaban afuera, para que subieran. “Después de estar con él un rato, García les daba algo de plata y las niñas se iban. Los ministros saben de esto. Lo sabía Sergio Mery (ex secretario de la Corte Suprema, quien murió en 1990, justo después de haber sido designado ministro de la Corte Suprema)”.

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Sobre la complacencia de los tribunales chilenos frente a las violaciones a los derechos humanos en la dictadura pinochetista:

“Las ocasiones en que los tribunales ordenaron a sus ministros constituirse en recintos de la policía secreta o en que pidieron que los detenidos fueran puestos a su disposición no llegan a veinte en un total de más de 10 mil recursos de amparo presentados durante todo el régimen militar…”.