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Honduras: la urgente necesidad de un nuevo pacto social

Por Patricio Zamorano
Publicado el 13 de mayo de 2011

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TEXTO:

Introducción

La investigación contenida en este ensayo tomó lugar durante varios viajes a Honduras, incluyendo uno realizado entre el 5 y el 8 de febrero de 2011, en la época en que el gobierno de Lobo alcanzaba su primer año en el poder. Este informe también cubre la visita a la primera Asamblea General del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), entre el 25 de febrero y el 1 de marzo. Este informe documenta lo que emanó de esta histórica reunión, y también ofrecemos una visión amplia de la situación política actual en la Honduras del post-golpe. Enfrentando grandes  dificultades, en un país con grandes y poderosos actores políticos ya establecidos, en un clima de represión, violencia y temor, el hecho de que esta Asamblea tomara lugar es un logro extraordinario.

Varios nuevos hechos han tomado lugar en las últimas semanas, los que podrían afectar profundamente la situación política en Honduras e incidir en su retorno a la Organización de Estados Americanos (OEA). Los dos procesos legales contra el derrocado presidente Manuel Zelaya, presentados  luego de concretarse el golpe de Estado que lo expulsó del país, fueron recientemente anulados por la corte especial creada por la Corte Suprema. La OEA y el gobierno de Estados Unidos rápidamente han enfatizado que ahora Honduras cumple con las condiciones para volver a la organización internacional. Zelaya, sin embargo, ha advertido que pese a que los cargos judiciales han sido anulados, la decisión de la corte no evita la presentación de nuevas acusaciones legales en su contra. Por ello, desea discutir el tema de su inmunidad como presidente derrocado y su situación legal en general, dentro del marco de la recientemente creada Comisión de Verificación, parte esencial de los esfuerzos de mediación de los gobiernos de Venezuela y Colombia.

Pero independientemente del resultado de estos hechos recientes, del retorno de Zelaya y de la reintegración de Honduras en la OEA, este reporte plantea que los principales retos históricos de Honduras permanecerán pendientes. La posible reintegración de Honduras a la OEA podría resolver parcialmente la crisis política interna en el corto plazo, y reforzará la legitimidad internacional de la Presidencia de Lobo, pero no solucionará  los problemas que originaron el golpe, la polarización política que le precedió, o la seria situación de los derechos humanos. Lo que este reporte plantea es que debido a la crítica situación histórica y socioeconómica del país, al igual que la falta de participación política incluyente y de una verdadera democratización, Honduras excluye a una amplia variedad de sectores de la población, tema que necesita ser enfrentado a la brevedad. La extrema pobreza es solo una de las causas de esta situación, porque tradicionalmente el poder económico y político del país ha estado controlado por un grupo de elites conservadoras que son, sin embargo, minoritarias. Han permanecido incontrarrestables por años influenciando a las instituciones fundamentales del Estado, incluyendo al Congreso, la Corte Suprema, las Fuerzas Armadas, la Presidencia y otros.

El gobierno de Zelaya creó un alto grado de movilización social y política, y el golpe de Estado amplió este proceso. La mayoría de los grupos de base emergentes se han unido a organizaciones establecidas de la sociedad civil, sindicatos y partidos políticos para crear el llamado “movimiento de resistencia”, y una gran variedad de esos grupos se han organizado a nivel nacional en torno al FNRP. Las demandas hechas por estas organizaciones van más allá de lograr la normalización política, pues abogan por reformas políticas profundas para asegurar mayor participación y compartir el poder; también exigen una nueva Constitución, y en rigor, un nuevo contrato social entre el Estado y la ciudadanía.

La influencia de Estados Unidos dentro del país es también amplia y, hasta la llegada del chavismo, permaneció incontrarrestable. La influencia internacional canalizada en una forma constructiva será fundamental en la creación  de este nuevo pacto social al interior de Honduras, debido a que la creación de mayores espacios de participación e inclusión deberá ser acompañada por la cesión desde la elite de parte de sus tradicionales privilegios y extensas cuotas de poder. Este no es un reto fácil, pero la actual crisis política y las consecuencias derivadas del golpe de 2009 son, quizás, una oportunidad histórica para lanzar una nueva forma de diálogo político nunca antes visto en la profundamente polarizada y desigual sociedad hondureña.

El gobierno de Zelaya y el movimiento de resistencia que emergió tras el golpe de Estado han creado grandes expectativas entre las comunidades pobres, la clase trabajadora, los indígenas y el resto de los grupos minoritarios. El no reconocer a estos nuevos actores y el no generar espacios de representación real y reconocimiento político mantendrá a Honduras bajo la continua amenaza de quiebre democrático y descontento social en los próximos años. La creación de un esfuerzo de mediación entre los gobiernos de Venezuela y Colombia, localizados entre ellos en polos opuestos en el espectro ideológico, podría ser el primer paso hacia una exitosa nueva era de diálogo al interior de Honduras. Estados Unidos podría también jugar un importante papel como facilitador, si tiene éxito en invitar a todos los actores a la mesa y discutir un objetivo común: una Honduras más integrada y democrática.

Un país dividido

 

El tema de la legitimidad es fundamental para entender los retos actuales que enfrenta Honduras. Ninguna de las facciones que se han alienado a favor o en contra del golpe goza de completa legitimidad institucional. Aquí analizaremos dos: el gobierno de Lobo y la resistencia.

En el caso del gobierno de Lobo, esto se debe a la inclusión de líderes que estuvieron claramente involucrados en el golpe y que ahora ocupan altas posiciones en el gobierno, incluyendo al general Romeo Vásquez, nombrado presidente de la empresa nacional de telecomunicaciones, Hondutel. Vásquez no es el único representante de las fuerzas armadas vinculado al golpe que ahora detenta una posición de poder dentro del gobierno hondureño. Otras ramas del Estado, incluyendo emigración, la marina mercante, la aviación civil e incluso el Instituto Hondureño de Mercado Agrícola, están todas al mando de oficiales de alto rango. El nuevo líder las fuerzas armadas de Honduras, ex alumno de la Escuela de las Américas, René Osorio, también es considerado como cercano a Romeo Vásquez, de acuerdo a informaciones de prensa.

El problema de los derechos humanos debilita inmensamente el estatus del gobierno dentro de la comunidad internacional, y hasta la fecha no se ha concretado ninguna condena contra agentes del Estado supuestamente involucrados en actos de represión, incluyendo asesinatos.
El FNRP tampoco goza de complete legitimidad ante los ojos de algunos actores internos e internacionales, principalmente por el hecho de no reconocer al gobierno de Lobo (algunos países consideran la elección del actual gobierno como legítima), por el hecho de no reunirse públicamente con ciertos actores políticos (por ejemplo, los representantes del gobierno de Estados Unidos), y su decisión de no participar en elecciones. El mantener esta posición ha dejado al FNRP sin un espacio legislativo e institucional formal, y sin un canal de comunicación con el gobierno o la Comisión de la Verdad creada por el Acuerdo Tegucigalpa-San José[1]. Pese a esta falta de participación institucional, el FNRP ha mantenido un férreo llamado a la movilización pacífica, empleando métodos como las protestas callejeras, una estrategia comunicacional a través de medios opositores al golpe, asambleas populares y eventos culturales. En la última carta enviada por el ex presidente Zelaya al FNRP el 24 de abril pasado, insiste en que la organización siga movilizándose pacíficamente para lograr las ansiadas reformas y una nueva Asamblea Constituyente.

El FNRP lucha por el reconocimiento como un grupo emergente que representa a una extensa variedad de grupos sociales. La exigencia de este reconocimiento político ha sido incluida entre las cuatro condiciones que enmarcan la reciente negociación apoyada por los gobiernos de Venezuela y Colombia (más detalles adelante). La visión del FNRP como una entidad desorganizada que emergió sólo como una respuesta al golpe de 2009 es simplemente no realista. Asimismo, pareciera que cualquier esfuerzo lanzado por la comunidad internacional, Estados Unidos, la OEA y similares, debería incluir al FNRP para asegurar una verdadera reconciliación. Como nos señaló un dirigente de una ONG hondureña, “el surgimiento de las organizaciones de la sociedad civil comenzó producto del huracán Mitch, que golpeó al país en 1998, desde muchas áreas, las feministas, los ambientalistas, una amplia variedad de organizaciones. Después del Mitch, la sociedad fue diferente, una realidad más compleja, más complicada, y los políticos tradicionales pensaron que todo era lo mismo, y continuaron haciendo política como se había hecho siempre (…) Los partidos políticos entonces se convirtieron en cascarones vacíos, perdiendo legitimidad, y Zelaya, quizás sin notarlo al principio, estimuló la inclusión social. El golpe de 2009 envió a las calles a toda esta generación post-Mitch”. La fuente concluye que “por esto la actual clase política y ciertos actores internacionales no entienden al FNRP y al resto de grupos movilizados. Estos son la suma de los eventos post-Mitch y post-golpe”. El drama hondureño, sin embargo, aún sigue desarrollándose a instancia de las elites militares y empresariales que defienden el status quo. También por el gobierno del presidente Porfirio Lobo, que busca legitimidad internacional a través de su política exterior y una lenta gestión hacia la reconciliación interna, y otros grupos, que incluyen tanto a la resistencia como a los partidos políticos principales, que participan en elecciones y desean acelerar las  necesarias reformas políticas. Sin embargo, hechos recientes han dado origen a un nuevo contexto. Como mencionamos previamente, el 9 de abril pasado un esfuerzo de mediación unió a los presidentes de Venezuela Hugo Chávez y de Colombia Juan Manuel Santos, para facilitar el diálogo entre Lobo y el derrocado presidente Manuel Zelaya. La reunión se realizó en Cartagena, Colombia, y Zelaya participó a través del teléfono desde Venezuela. Santos y Chávez anunciaron formalmente el lanzamiento de la mediación para poder crear condiciones para el retorno de Zelaya y la subsecuente reintegración de Honduras en la OEA durante la próxima Asamblea General que tomará lugar en El Salvador en junio. La reunión, no anunciada previamente, sorprendió tanto a la comunidad internacional como a la hondureña. Poco después, la decisión de Hugo Chávez de reunirse con Lobo fue fuertemente criticada por miembros del FNRP, organización que no fue informada antes, produciéndose tensiones entre sus adherentes. Un artículo publicado en Honduras por un miembro del Frente resume esta posición: “Esa actitud despreciativa hacia el FNRP podríamos esperarla de un gobierno peón de Estados Unidos, como es el gobierno colombiano, pero ha resultado difícil de digerir proviniendo del gobierno de Hugo Chávez, quien se suponía era nuestro aliado”. En efecto, Chávez se reunió con Lobo sin nunca antes haber reconocido a su gobierno; el FNRP en cambio  ha mantenido su posición de no reconocerlo, e incluso reforzó esta política durante su última Asamblea General. Zelaya rápidamente publicó una declaración después de la reunión, y aseguró a sus seguidores que el proceso de negociación sería transparente. “Nos mantendremos vigilantes del desarrollo de este proceso, el que tiene aprensiones que esperamos superar y convertirlo en una oportunidad real para restablecer la institucionalidad del país, y poner un alto definitivo en el nombre de Honduras”, expresó el ex presidente. En una rápida reacción, tratando de superar las consecuencias de una reunión sin precedentes, Chávez invitó a Juan Barahona, sub-coordinador del FNRP, a reunirse con él y Zelaya en Caracas, el sábado 16 de abril. En esa ocasión, Barahona presentó un documento que resume la posición del FNRP sobre la situación en Honduras. Después de la reunión de Cartagena, Lobo divulgó las cuatro condiciones que Zelaya exigía fueran parte de las discusiones: la anulación de los cargos en su contra (condición concretada el 2 de mayo, aunque con observaciones de parte del ex presidente), mejoramiento de la situación de los derechos humanos, el retorno de los exiliados, y el apoya para convocar una Asamblea Constituyente. Ahora bien, en la reunión de Caracas con el presidente Chávez, Barahona introdujo un nuevo elemento: la exigencia a Lobo para que reconozca políticamente al FNRP. Todo esto representa un delicado reto. La Asamblea General de la resistencia agrupada en torno al FNRP envió un fuerte mensaje en contra de la participación electoral e insistió en no reconocer a Lobo.  Por ello, la iniciativa creada por Santos y Chávez agrega un elemento de tensión al interior del FNRP, pues no es claro cómo las bases políticas reaccionarán ante este nuevo escenario. La invitación a Barahona para reunirse con Chávez tenía como objetivo también diluir estas tensiones con el liderazgo del FNRP, pero no está claro si todos los grupos concuerdan con una negociación originada por el presidente Santos y legitimada por Chávez. En el intertanto, Barahona confirmó que Zelaya podría volver a Honduras antes de junio, con el objetivo de facilitar la reintegración de Honduras a la OEA durante la Asamblea General en El Salvador, si todas las condiciones son cumplidas. El anular los cargos contra Zelaya fue una necesaria pre-condición para facilitar el retorno del país. La organización internacional también está comprometida con este nuevo escenario de negociaciones, mientras el secretario general José Miguel Insulza expresaba su “satisfacción” sobre las actuales iniciativas. Asimismo, el presidente de la Comisión de la Verdad, Eduardo Stein, públicamente anunció que el reporte final será publicado una o dos semanas después de la Asamblea de la OEA, para “evitar interferir” con el proceso de negociación. También hay un incentivo económico y pragmático, con consecuencias políticas. El propio presidente Lobo reveló que durante la reunión con Chávez se discutió también la expansión de PetroCaribe, el programa preferencial petrolero de Venezuela. En ese contexto, la deprimida economía hondureña obtendría algo de alivio, y Venezuela podría nuevamente expandir su influencia en el país, paradójicamente con el apoyo de los empresarios conservadores que esta vez dan la bienvenida a la expansión del programa. Adolfo Facussé[2], presidente de la Asociación Nacionales de Industriales (ANDI), públicamente a través de los medios recomendó al presidente Lobo el relanzamiento de PetroCaribe, debido a los altos precios del petróleo. Dijo que las diferencias ideológicas debieran ser “dejadas de lado”, y que el presidente Chávez desea benefician a los países pobre como Honduras. Congresistas de todos los partidos también apoyaron la reintegración a PetroCaribe. Una importante pregunta permanece sin respuesta: en este nuevo escenario, donde Chávez, Zelaya e incluso Barahona han concordado en iniciar un proceso de negociación que pudiera derivar hacia la reintegración de Honduras en la OEA, ¿la situación de los derechos humanos será beneficiada realmente, especialmente si Honduras retorna al Sistema Interamericano sin garantías reales para el mejoramiento de esos derechos? La comunidad internacional y el gobierno de Estados Unidos deberían mantener la presión al gobierno de Lobo, especialmente bajo este nuevo escenario, donde la mayoría de los actores, incluyendo el propio Zelaya y los líderes del FNRP, parecieran aceptar y participar en el proceso de mediación para el retorno de Honduras a la OEA, basado en condiciones específicas. Más allá del posible retorno de Honduras a la OEA, el reto para la legitimidad de Lobo, las decisiones estratégicas del FNRP, el papel de Estados Unidos y del resto de los actores clave de esta historia, la pregunta real es si el problema histórico, social y político del país se verá beneficiado por estos hechos recientes. Como se expresó antes, la reintegración de Honduras resuelve parcialmente la crisis producida por el golpe de 2009, pero no soluciona los problemas fundamentales de la historia hondureña, entre ellos la extrema pobreza, la inestabilidad democrática y la falta de inclusión social y política, por mencionar algunos.

Buscando reformas

El actual movimiento reformista fue potenciado por el gobierno de Zelaya, cuando se embarcó en una campaña para crear una nueva constitución, tomando el primer paso a través de la llamada “cuarta urna” [3]. Casi dos años después del golpe, recientes encuestas muestran que más de la mitad de la población aún apoya la creación de una Asamblea Constituyente para enfrentar esta problemática[4]. Un ex asesor de Zelaya señala que “de acuerdo a encuestas realizadas antes del golpe, un 82% de los consultados apoyaban la cuarta urna, aunque un 60% no entendía de lo que se trataba. Sólo sabían que tenía que ver con su derecho a participar” [5]. El movimiento para la reforma política ha mantenido su impulso y continuó su avance bajo el gobierno de Lobo. La discusión sobre una Asamblea Constituyente ha permeado a todos los sectores, con algunos a favor o en contra, pero es sin duda una parte fundamental del debate para el futuro del país. La última Asamblea Nacional del FNRP dejó en claro que, para muchos, cambios superficiales no serán suficientes. Desean reformas electorales profundas, una nueva Constitución y un cambio en la actual estructura de los partidos. En rigor, están solicitando un completo relanzamiento del sistema social y político del país. El golpe y sus consecuencias revelan el alto grado de polarización que caracteriza a Honduras, y la alta inequidad social que compromete su estabilidad democrática. Las entrevistas realizadas para este reporte también demuestran cómo la legitimidad de Lobo se ha deteriorado no solamente en los sectores de izquierda, sino que también entre algunos líderes de la comunidad conservadora de empresarios que apoyaron el golpe y al actual presidente. Mientras un importante empresario dijo que Lobo y sus decisiones parecieran estar “demasiado” cerca de lo que Zelaya estaba realizando, lo que ha creado un “clima de desconfianza”, otra fuente criticó las reformas que Lobo ha impulsado para expandir el llamado a referendo[6]. La nueva ley apoyada por Lobo puede incluso modificar los llamados “artículos pétreos”, o crear una nueva Constitución. Por ello, algunos líderes conservadores comparan esa reforma a lo que Zelaya estaba intentando concretar cuando ocurrió el golpe. Otros aún apoyan a Lobo y sus esfuerzos para reintegrar Honduras a la OEA y restaurar los vínculos económicos con la comunidad internacional. En la centro-izquierda, las mismas contradicciones coexisten. Mientras los Liberales en Resistencia, la facción del Partido Liberal que apoya a Zelaya, mantiene un diálogo abierto con Lobo y están dispuestos a competir electoralmente, el FNRP evita cualquier gesto político que pueda ser leído como legitimización del actual gobierno.

Un nuevo pacto social

Estas visiones confrontadas demuestran que una reconciliación verdadera es clave para un futuro estable en Honduras. El país debe unirse alrededor de un “pacto social”,  un deseo común de reforma e inclusión, especialmente aquellos sectores que tradicionalmente han controlado el poder económico y político. Este pacto social podría presentar una solución a la problemática histórica de Honduras. Sus elementos combinados deben ir mucho más allá de las demandas del propio FNRP, considerando que este pacto incluiría a todos los sectores de la sociedad, y necesitaría de la renuncia de cuotas de poder y privilegios de los actores que han dominado al gobierno, el Congreso, las fuerzas armadas y los partidos políticos de Honduras desde el nacimiento del país, y entregarle más espacio político a otros sectores de la sociedad. Este nuevo pacto social reformaría las leyes electorales abriendo el sistema de alternancia entre los dos partidos tradicionales (Liberal y Nacional), lo que ha dominado la política hondureña, abriendo espacio a una diversa comunidad de partidos políticos y grupos sociales. Debería también poner fin al uso del Estado como fuente (legal o ilegal) de fondos para el partido en el poder, y crear un Congreso aún más diverso y multipartidista, con altos niveles de transparencia. Las fuerzas armadas serían también reformadas, de modo de crear un organismo militar que no esté basado en una ideología política, que es decididamente no intervencionista y que respeta a la autoridad civil. El sistema de justicia sería fundamental en este nuevo pacto social, al proveer protección a todos los grupos sociales y políticos, y creando igualdad ante la ley, independiente del poder económico o político de los ciudadanos. Un nuevo sistema judicial debería, además, mejorar la administración de justicia a la población y, a través de esto, colaborar activamente en resolver la actual crisis de seguridad pública.

A través de este pacto, el país como una comunidad más unificada toleraría de mejor manera la movilización organizada de los sectores más pobres y del movimiento laboral, mientras luchan por niveles más altos de representación y calidad de vida en uno de los países con más pobreza en el continente. El nuevo contrato social, en cooperación con los actores históricamente más dominantes a nivel nacional, debería enfrentar y resolver las expectativas de más oportunidades de expresión y participación a través de mecanismos institucionales y pacíficos. El ignorar las demandas legítimas de grandes sectores de la población por mayor inclusión podría forzar a estos sectores a tomar cursos de acción extra-institucionales que sólo profundizarán la actual crisis hondureña. Esto nos lleva a algunas preguntas fundamentales. ¿Está la sociedad hondureña preparada para crear un nuevo pacto social? ¿Están los sectores privilegiados de la sociedad dispuestos a ceder parte de su poder socio-económico y político en beneficio de los sectores históricamente excluidos? ¿Estará Estados Unidos, con su indisputable influencia sobre la sociedad hondureña, preparado para apoyar constructivamente este proceso de verdadera democratización social y política?

Estas preguntas no tienen una respuesta fácil, pues confrontan una realidad histórica de desigualdad que ha existido en Honduras desde los orígenes del país. Voluntad política de la elite, movilización generalizada de la sociedad civil y apoyo internacional son todos factores fundamentales para poder tomar el primer paso a favor del cambio. Considerando su influencia sustancial, Estados Unidos podría jugar un importante papel constructivo en este proceso de reforma e integración social.

El fracaso del Acuerdo Tegucigalpa-San José

Más de un año después de iniciarse el gobierno de Lobo, Honduras aún sufre las consecuencias del golpe de 2009, principalmente en el plano político. Tanto el gobierno como el FNRP defienden su propia legitimidad, interna e internacionalmente. Los líderes del FNRP tienen una visión común sobre Lobo, denunciando que representa la continuidad del golpe. Algunos miembros de la resistencia fuera del FNRP tienen una visión diferente. Como un ex ministro de Zelaya nos dijo, “Lobo no es ni un hombre bueno ni un hombre malo, él es básicamente una víctima de las circunstancias. No es exactamente la continuidad del golpe, pero tampoco ha roto completamente con éste. Lobo es más que nada una consecuencia del golpe, y su gobierno nació ya contaminado por el golpe” [7]. El país no ha alcanzado la reconciliación interna. En este sentido, el Acuerdo Tegucigalpa-San José ha fracaso hasta ahora. El acuerdo no creó un gobierno de unidad nacional. Zelaya permanece en el exilio. El objetivo principal de la Comisión de Verificación de la OEA, de asegurar que los mandatos del acuerdo fueran cumplidos, tampoco ha sido concretado. El mandato de la Comisión de la Verdad no es reconocido por el FNRP, ni por las organizaciones de derechos humanos ni por el ex presidente Zelaya, y ha pospuesto la publicación de su informe y recomendaciones en varias ocasiones. Asimismo, los miembros activos del FNRP aún se sienten excluidos y denuncian la existencia de una persecución sistemática del gobierno y/o sus fuerzas de seguridad. Las violaciones a los derechos humanos bajo el gobierno de Porfirio Lobo son aún muy preocupantes.

El golpe y el potenciamiento de la movilización

 

Independientemente del hecho de que la exclusión social y política se ha mantenido mayoritariamente constante, la crisis política de 2009 ha producido una consecuencia imprevista: el golpe de Estado ha creado una movilización socio-política sin precedentes en Honduras, más poderosa entre los más pobres y entre los sectores trabajadores de la sociedad, en conjunción con los grupos organizados de la sociedad civil. Esta movilización fue energizada por la agenda socioeconómica y de derechos políticos de Zelaya, pero el golpe y la subsecuente represión política ha fortalecido el impulso organizativo, mayormente representado en el FNRP, una entidad que emerge desde los grupos que tradicionalmente han luchado por derechos humanos, sindicales, laborales, y de género, desde el movimiento ambiental hasta el de las minorías sexuales, desde los profesores a las organizaciones juveniles.

El golpe y sus consecuencias, combinadas con la autoexclusión del FNRP de la arena político-electoral, han creado un espacio alternativo para el desarrollo político interno, y una rica discusión, a pesar de las tensiones en su interior. Sin embargo, a cierto punto, el FNRP deberá definir una forma de participación política y electoral si las profundas reformas que exige no son realizadas. La reciente Asamblea General mostró un buen grado de fortalecimiento institucional, cobertura nacional y rica diversidad, pero la amplia variedad de grupos que conforman al FNRP no han alcanzado un claro consenso sobre la forma de entrar a la lucha política y lograr representatividad legislativa.

Lograr un consenso pleno en el FNRP es un gran reto. Mientras algunos líderes preferirían un acercamiento más pragmático al tema de las elecciones y la política, importantes facciones del Frente no confían en el actual sistema institucional y abogan por profundas reformas en esas áreas, de manera de crear mejores condiciones para una verdadera inclusión. No desean convertir al FNRP en un partido, para evitar caer en las prácticas del actual sistema partidario, con la corrupción existente producto del bi-partidismo prevalente que se genera en torno al Partido Nacional y Partido Liberal. Consideran también al actual sistema de partidos como una amenaza a la diversidad del movimiento social, y una herramienta para fortalecer el actual sistema económico neo-liberal, al cual se oponen[8].

El elusivo concepto de reconciliación

¿Llevarán estos hechos recientes a un proceso de reconciliación en Honduras, o al contrario, provocarán más polarización y parálisis? El pronóstico para llegar a la normalización democrática es complejo y de muchos matices. Al dialogar con diversos actores del país, se hace evidente la falta de consenso sobre cómo definir “reconciliación”.

Para aquellos que apoyaron el golpe de 2009 (los líderes de las fuerzas armadas, los miembros del Congreso, la comunidad empresarial conservadora, la Corte Suprema, etc.), “reconciliación” implica el retorno al contexto social y político anterior al gobierno de Zelaya. Como lo señaló un líder de derecha, “el 28 de junio de 2009, la gente defendió la democracia y a la clase media” [9].

A ojos de los sectores militares y empresariales más conservadores, las reformas políticas impulsadas por Zelaya bajo la sombra del chavismo afectaron la convivencia nacional y la “paz social”. En la práctica, Zelaya representa un cambio desde la dependencia y liderazgo de Estados Unidos –la forma tradicional de hacer política- hacia el chavismo y su socialismo del Siglo XXI, percibido como una amenaza por algunos grupos económicos y políticos conservadores.

Para el gobierno de Lobo, “reconciliación” significa el lograr el reconocimiento y la legitimidad de las elecciones post-golpe de noviembre de 2009, que le dieron entrada al gobierno, además de la reconstrucción del sistema de partidos, recobrar las inversiones, el acceso a créditos, etc., en otras palabras, normalización institucional. Este concepto de reconciliación depende del retorno de Zelaya al país, para asegurar la reintegración de Honduras en la OEA. Una agenda reformista en el sentido planteado por el FNRP no había sido considerada como parte de la estrategia de Lobo. Pero a través del último año el gobierno ha aprobado, en efecto, varias leyes importantes con apoyo legislativo, normativa que analizamos más adelante en este reporte. Incluso la profunda reforma que el FNRP exige, a nivel constitucional, se ha convertido recientemente en parte de la agenda de Lobo, en parte como un esfuerzo para corresponder a las encuestas que muestran apoyo popular para esas modificaciones. También, para aminorar las tensiones con el Frente y debilitar al mismo tiempo sus demandas, especialmente por el hecho de que la organización ha mantenido efectivamente presión constante en las calles, y también a nivel internacional.

Para el gran sector de la población que se identifica informalmente con la resistencia sin pertenecer específicamente al FNRP, y por supuesto para aquellos que están dentro del Frente, el concepto de reconciliación continúa evolucionando. Inmediatamente después del golpe, “reconciliación” implicaba reagrupar la base de apoyo de Zelaya y lograr el retorno del ex presidente a la Presidencia, por lo menos temporalmente a través de la formación de un gobierno de Unidad Nacional. Este asumiría el poder y lo traspasaría constitucionalmente al siguiente presidente después de algunos meses, escenario basado en parte de los puntos del acuerdo Tegucigalpa-San José.

Además, la expulsión de los organizadores del golpe desde el Ejecutivo sería acompañada de procesos judiciales por la responsabilidad de agentes del Estado  en crímenes contra la humanidad, especialmente miembros de las fuerzas armadas y de la policía. Una vez que Lobo asumió la Presidencia y la restitución de Zelaya no era posible, “reconciliación” para el FNRP ya no se centró en el retorno al poder del ex presidente sino en torno al concepto de “refundación del Estado”, incluyendo la reforma a la estructura institucional y de los partidos políticos, el rediseño del sistema actual de mercado y, en general, un nuevo modelo socio-político.

Claramente, no existe consenso sobre cómo definir reconciliación. Ha evolucionado desde el concepto de “normalización democrática” a expectativas globales de reforma institucional  en todos los niveles, garantizando espacios de participación más amplios. Esta falta de consenso sobre lo que significa reconciliación para el país complica aún más la actual polarización.

Un precedente para el futuro

 

Regionalmente, el precedente que dejará la solución de la crisis hondureña será fundamental para la Carta Democrática, el Sistema Interamericano y el balance político del continente. Los actores clave de este dilema –la Casa Blanca, el sector más conservador del Partido Republicano que apoyó el golpe, la Secretaría de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, la OEA, el gobierno de Lobo y los analistas en Washington- saben esto muy bien.

La ecuación en juego es de inmensa complejidad, y es inversamente proporcional al tamaño del país en cuestión. El intento de golpe en Ecuador incrementó aún más las dudas sobre lo que el futuro inmediato pueda deparar, dependiendo de cómo se resuelva la crisis en Honduras. La situación en este país no se puede considerar como un problema menor. En efecto, éste corresponde al mismo caso que mantuvo bloqueada por meses la nominación de Arturo Valenzuela como secretario adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, bajo presión del senador Jim DeMint. La OEA y su secretario general han tenido que enfrentar una compleja situación que ha provocado su propia crisis interna, con un constante cuestionamiento desde algunos países sobre las medidas puestas en práctica para lidiar con el caso de Honduras tras el golpe, mientras otros mantienen la presión para mantener al país fuera de la OEA. La crisis hondureña puso a la OEA en alerta paradojalmente un poco después de que la organización anulara la suspensión contra Cuba, que databa de los sesenta. Ese voto también tomó lugar en Honduras, durante la Asamblea General en la primera semana de junio de 2009, en San Pedro Sula. Sólo cuatro semanas después, un golpe derrocó al presidente Zelaya, anfitrión de esa cumbre continental.

El limbo de la “nueva Guerra fría”
Honduras permanece en un limbo político como país, en lo que podría denominarse como “neo-guerra fría”. La restauración de la vieja alineación norte-sur (que corresponde a Estados Unidos y su rango de influencia en América Latina), es reforzada por nuevas tensiones este-oeste. La mentalidad de la guerra fría, “comunismo soviético versus mundo occidental”, ya no tiene ningún sentido, pero aquellos que apoyaron el golpe (el sector más conservador del Partido Liberal, las fuerzas armadas, los intereses empresariales y, en Estados Unidos, varios de los congresistas republicanos más activos en los temas latinoamericanos), han reemplazado al disuelto bloque soviético con la “amenaza roja” de Hugo Chávez y el movimiento regional bolivariano. El potencial crecimiento del bolivarianismo es identificado por estos grupos conservadores como una amenaza contra el modelo representativo tradicional, y un reto contra la influencia de Estados Unidos en la región. Un líder conservador de Honduras que participó personalmente en el golpe, nos dijo que “la visita de Hugo Chávez a Honduras no le hizo nada bien a Zelaya (…) Fue una provocación a Honduras pues su mensaje no respetó a la idiosincrasia hondureña”. La influencia de Chávez como parte de la justificación para lanzar el golpe contra Zelaya “fue enorme (…) Al mismo tiempo Zelaya estaba desarrollando estas políticas que mostraban que no iba a dejar el poder, con este discurso violento. Zelaya no manejó el tema Chávez de forma inteligente, debería haber manejado la situación de mejor forma”. La misma fuente también agregó más factores más allá de la política para justificar el golpe, lo que demuestra el grado de animosidad contra el presidente venezolano: “Este es un país católico, y Chávez había insultado al cardenal Rodríguez, y eso no es algo que sea bueno, insultar a estos países” [10].

El caso de Honduras es también importante pues pone a prueba la capacidad institucional y simbólica del continente para rechazar esta lógica de la “neo-guerra fría”, y responder a sus manifestaciones. Estas incluyen la validación de golpes de Estado como el que afectó al país centroamericano y, en general, el apoyo a posibles nuevos dictadores conservadores como los que por décadas dominaron el continente con un enorme costo en derechos humanos. No es coincidencia que las tres intervenciones militares más importantes de la pasada década han ocurrido en países bajo la influencia del bolivarianismo: Ecuador, Venezuela y Honduras.  Mientras esto ciertamente refleja debilidades institucionales en estos países, tratando de mantener la estabilidad dentro del marco de sus problemas internos, también representan una fuerte oposición de grupos conservadores nacionales y externos que identifican al chavismo como una amenaza concreta que debe ser neutralizada, incluso por la fuerza, como fue el caso de Honduras.

Reforma del Artículo 5

Como hemos señalado, en la actualidad tanto el FNRP como el gobierno impulsan reformas en varias áreas, aunque difieren en su estrategia, legitimidad, y poder institucional para concretarlas. El gobierno del presidente Lobo ha apoyado en los últimos meses una serie de reformas que ponen sobre la mesa –en una gran paradoja política- algunos de las mismas políticas propuestas por el ex presidente Manuel Zelaya, y que causaron su derrocamiento. La más importante de estas reformas es la realizada al Artículo 5 de la Constitución, ratificada por el Congreso en febrero de este año, la cual expande y facilita la posibilidad de que los ciudadanos puedan solicitar un referendo, sin límite a los temas que puedan incluir[11].
En la práctica, estos futuros referendos podrían incluso posibilitar reformas a los llamados “artículos pétreos” de la Constitución, los cuales impiden la reelección presidencial y establecen como inalterables el sistema de representatividad y la estructura política del país, artículos que han permanecido intocables desde su aprobación. Es importante recordar que, irónicamente, el golpe fue justificado por quienes lo impulsaron debido al plan de Zelaya de reformar esos mismos “artículos pétreos” que ahora están abiertos a ser modificados bajo la nueva ley. De acuerdo a los líderes de los Liberales en Resistencia, dentro del Partido Liberal, el Presidente impulsa la expansión del referendo “pues Lobo está mirando las encuestas, y él sabe que necesita realizar cambios para mantenerse en el poder. Se sienten obligados” [12].
Las acciones de Lobo, sin embargo, no reflejan exactamente el proyecto de Zelaya. La reciente modificación señala que en el caso de reformas constitucionales, el Congreso debe aprobar previamente el referendo con un alto quórum de dos tercios. Este punto es fundamental para entender el rechazo del FNRP a esta reforma del Artículo 5. Lo consideran una trampa política para simular el acceso de los hondureños a la posibilidad de reformas constitucionales, incluyendo una Asamblea Constituyente, mientras que la ley al mismo tiempo requiere de un paso legislativo adicional antes de que el referendo pueda concretarse, incluso si las firmas necesarias han sido recolectadas.

El FNRP, en tanto, tiene sus propias demandas reformistas. El movimiento busca cambios similares a los que impulsa el gobierno de Lobo: reforma constitucional e incremento del poder popular a través del plebiscito. Sin embargo, el FNRP difiere grandemente al defender el objetivo de la “refundación”: crear cambios fundamentales que emanen directamente desde el pueblo hondureño.

El FNRP desea una nueva Constitución iniciada por ciudadanos, que incluya a la población tradicionalmente excluida. No es claro cómo una Constitución de estas características, generada y escrita “desde el pueblo” pueda alcanzar legitimidad en la sociedad hondureña, especialmente desde las fuerzas armadas o el sector empresarial. Los grupos críticos del FNRP, incluyendo la centro-izquierda agrupada en los Liberales en Resistencia, acusan al FNRP de no ser realistas en su aspiración por una nueva Carta Magna, señalando que una Asamblea Constitucional auto-convocada no obtendrá amplia legitimidad, especialmente de quienes apoyaron u organizaron el golpe. Al dialogar con los líderes del FNRP surge la visión de que están conscientes sobre las limitaciones de una Asamblea Constitucional auto-convocada, pero aclaran que una amplia legitimidad no es necesariamente el objetivo central, sino que llevar adelante un proceso de discusión y participación en cada rincón del país, para crear un documento comunitario que pueda ser presentado al país para ser parte del debate nacional.  

Una Asamblea histórica

El FNRP está consciente de la necesidad de discutir su aislamiento de las instituciones del Estado, y está debatiendo la mejor estrategia para comenzar a exigir espacios mientras evita legitimar al gobierno de Lobo. El fin de semana del 26 y 27 de febrero, esta discusión fue uno de los principales focos de atención en la primera Asamblea Nacional del FNRP, en Tegucigalpa. En un gigantesco esfuerzo organizativo, reuniendo a 1,500 delegados de todos los rincones del país (no ha habido  antes una demostración popular de representatividad y movilización tan extensa), las preguntas eran claras:

1) ¿Debería el FNRP formar un partido político, crear una organización política paralela o mantener su estatus de movimiento social organizado?

2) Si el FNRP decide convertirse en un partido político formal, ¿debería comenzar su campaña electoral para las elecciones generales de 2013, o no participar para evitar legitimar al gobierno de Lobo en el contexto actual?

3) En cualquiera de estos escenarios, ¿debería el FNRP permanecer como una organización independiente, o crear una base amplia que integre a otros grupos opositores al golpe como los Liberales en Resistencia, Unificación Democrática, y organizaciones similares que sí interactúan con el gobierno de Lobo y que intentan avanzar dentro del actual sistema institucional?

En la histórica asamblea, los delegados votaron en contra de la participación del Frente en el proceso electoral, si no existen condiciones que puedan garantizar un proceso transparente, demandando una reforma electoral y  la reestructuración del Tribunal Supremo Electoral. Los liderazgos de Manuel Zelaya como coordinador del FNRP, y de Juan Barahona como sub-coordinador, fueron también confirmados. Asimismo, se exigió el retorno incondicional de Zelaya al país. La idea de crear una extensión política del FNRP que pueda convertirse en partido fue también rechazada, al igual que la formación de una coalición política (el llamado “frente amplio”) con grupos como los Liberales en Resistencia, aunque no se rechazó la posibilidad de planear acciones políticas concretas en conjunción con esas agrupaciones.

La Asamblea Nacional de febrero simboliza los avances del desarrollo interno y la organización que el FNRP ha conseguido en los últimos meses. El evento altamente organizado fue atendido por delegados de los 18 departamentos del país, además de una delegación de los hondureños que viven en el extranjero (conocido como “Departamento 19”. Observadores independientes fueron invitados desde España, Suecia, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Canadá, Australia y Ecuador, entre otros. La logística para enfrentar al alto número de participantes fue organizada a través de varios subcomités que cubrieron áreas como disciplina, comida, seguridad, acreditaciones, comunicaciones, etc. La agenda de la Asamblea fue desarrollada dentro de marcos formales de debate, incluyendo un sistema público de votación. Las posiciones y conclusiones de las asambleas departamentales realizadas antes de la Asamblea Nacional fueron diseminadas durante el fin de semana, y culminaron en votaciones finales en varios temas estratégicos. Aparte de sus conclusiones y resoluciones, la primera Asamblea Nacional del FNRP tuvo éxito en consolidar la institucionalización del Frente como una organización nacional con representación territorial. Acercó además al FNRP a una estructura formal de partido, demostrando una alta capacidad de alcanzar consensos a pesar de diferencias internas, además de la habilidad para movilizar efectivamente sus bases. Asimismo, demostró la urgente necesidad de canales de expresión y representatividad de docenas de grupos de la sociedad civil, de una amplia variedad de perfiles, grupos que han encontrado en el FNRP un espacio de participación, consolidación de ideas, y proyectos comunes de inclusión. Todos estos factores fueron amplificados por el golpe de 2009, que ha servido como factor unificador de todas estas organizaciones.

¿Qué es la “Resistencia”?

La complejidad de la llamada “resistencia” no es bien conocida en la comunidad internacional y en Estados Unidos, y el amplio concepto del “movimiento de resistencia” es a menudo confundido con el FNRP. La falta de noticias sobre Honduras en el plano internacional, sobre las actividades, posiciones políticas y agenda programática del FNRP ha significado que lo poco que se sabe sobre el movimiento de la resistencia sea comunicado a través de las voces de actores establecidos del sistema económico y político, a partir de la cobertura parcializada de la prensa o de análisis basados en estas fuentes.

El llamado “movimiento de resistencia” es diverso a inorgánico, con una posición común de oposición al golpe de 2009, pero no todas las facciones necesariamente reconocen a Zelaya como líder, ni tampoco existe consenso sobre la estrategia político-electoral. Está compuesto, sin embargo, por grupos sólidos y establecidos por años, al que se han asociado nuevas organizaciones emergentes. Dos grandes grupos pueden ser identificados, dentro de la gran diversidad de organizaciones: por un lado, están los Liberales en Resistencia, y por otro lado, el FNRP.

Los Liberales en Resistencia pertenecen al Partido Liberal del presidente Zelaya y está compuesto por líderes de la clase política tradicional. Este grupo está experimentando  su propio debate interno, teniendo que optar entre separarse del Partido Liberal y crear una estructura paralela, o luchar internamente por el control de la organización y aislar al sector derechista de Micheletti[13]. Hasta la fecha, los Liberales en Resistencia han optado por mantenerse dentro del partido y luchar por el control de su liderazgo, pidiendo nuevas elecciones (la actual directiva no ha aceptado adelantarlas), con los ojos puestos en las elecciones de 2013.

Los Liberales en Resistencia reconocen la legitimidad del presidente Lobo,  y dialogan y negocian abiertamente con la Presidencia. El grupo señala que ese espacio político no debe ser abandonado, y que la reciente ratificación de la reforma del Artículo 5, aunque no perfecta, representa un avance que debería ser valorado como un paso a reformas más profundas. También creen en la participación electoral, y competirán en las elecciones de 2013 para aumentar su representatividad en el Congreso. En este sentido, critican la posición del FNRP de no participar en elecciones, incluyendo el boicot de las elecciones de 2009, pues consideran que esto le cede espacio legislativo a los sectores involucrados en el golpe.

Existe división entre estos grupos más cercanos a los partidos tradicionales y los que apoyan al FNRP. El Frente no reconoce la legitimidad de Lobo y, al contrario de los Liberales en Resistencia, no dialogan formalmente con el gobierno o las entidades que emanan de este, incluyendo la Comisión de Verdad. El FNRP considera a la comisión como “viciada”, por haberse gestado a partir de un gobierno surgido en elecciones bajo el control ilegitimo civil-militar de Micheletti, sin observación internacional amplia y en medio de altos índices de persecución política y censura.

Otro difícil problema para el movimiento de resistencia es la falta de claridad entre las distintas facciones (principalmente el FNRP y los Liberales en Resistencia), sobre la estrategia del ex presidente Zelaya. No cabe duda que la figura y voz del ex mandatario ejerce un alto nivel de liderazgo e influencia en el FNRP, como quedó en evidencia en su primera Asamblea Nacional. Sus cartas fueron leídas línea a línea, sus ideas debatidas y sus sugerencias escuchadas. Sin embargo, Zelaya aparece simultáneamente apoyando las estrategias divergentes de dos grupos que están políticamente en el mismo bando.

Zelaya llama al FNRP a no participar en las elecciones para evitar divisiones dentro del Frente y no ser parte de un proceso político que no da garantías y que legitima al gobierno de Lobo. Pero al mismo tiempo los Liberales en Resistencia ya están listos para iniciar la campaña electoral. Dialogan activamente con el gobierno y tienen diputados. Muchos en el FNRP esperaban que antes de su Asamblea Nacional Zelaya se definiera y llamara a sus simpatizantes a dejar al Partido Liberal, lo que no aconteció. Los Liberales en Resistencia tampoco asistieron a la Asamblea Nacional del FNRP.

El hecho de que esta divergencia no amenaza con provocar un quiebre total en la “familia” de la resistencia, sólo se explica en función de la figura de Zelaya. Ni en uno u otro bando existe un liderazgo alternativo del alcance del ex presidente, que es en sí mismo el símbolo del anti-golpismo por ser en rigor la primera víctima del golpe de 2009, al haber sido secuestrado y sacado del país por fuerzas militares esa mañana del 28 de junio. Zelaya ha tenido cuidado de organizar su discurso político de forma que satisfaga las expectativas y agendas programáticas de todos los grupos que lo apoyan. Aún frente a contradicciones evidentes, los propios grupos mantienen un alto nivel de tolerancia para mantener una unidad que es vital para contrarrestar el alto poder comunicacional y político del gobierno, Congreso, Corte Suprema, Partido Nacional, las Fuerzas Armadas y el resto de las instituciones del Estado. Es, en cierta forma, una unidad pragmática que beneficia a todos en la actual oposición contra el gobierno, contra el golpismo y sus consecuencias.

Como señalamos anteriormente, la “resistencia” se confunde constantemente en el debate internacional con el FNRP. Y la coalición del FNRP es a su vez un universo igual de complejo. Está compuesto por decenas de agrupaciones políticas y de la sociedad civil, grupos gremiales, sindicales, defensores de derechos humanos reconocidos internacionalmente, activistas ambientales, organizaciones de género, LGTB, de indígenas y afro-hondureños, entre muchos otros. Uno de los grupos base del FNRP es el llamado Bloque Popular, liderado por el dirigente histórico Juan Barahona, quien a su vez ante la ausencia de Zelaya, es el líder nacional. El FNRP, al contrario de la visión prevalente internacional, sí tiene una estructura formal, cuenta con una Comisión Política, un coordinador general (Manuel Zelaya) y un sub-coordinador nacional (Juan Barahona). Tiene una estructura nacional con presencia en todos los departamentos y municipalidades del país, incluso a nivel de barrios, y posee varios comités internos temáticos, que cubren los temas de la sociedad civil. Tiene acceso limitado a los medios de comunicación nacionales, aunque realiza esfuerzos constantes por mantener informada a la opinión pública sobre sus actividades a través de los pocos canales de televisión y estaciones de radio que les dan cobertura, como a través de su propio sitio web multilingüe y de grupos afiliados como Los Necios. En general los medios de comunicación de mayor alcance permanecen en manos de grupos políticos y económicos conservadores, que censuran o critican abiertamente todo lo relacionado con el FNRP.

Pese a la falta de información formal, fuentes dentro del FNRP estiman que un amplio porcentaje de los grupos de base y de los líderes del FNRP son menores de 35 años, reflejo también de la joven población hondureña (de acuerdo a cifras oficiales, un 42% de la población tiene menos de 15 años[14]). La diversidad y altos niveles de participación de grupos antes considerados marginalizados (jóvenes, mujeres, la comunidad homosexual, campesinos, grupos indígenas y afro-hondureños) fue evidente en la Asamblea Nacional, con todos estos grupos exigiendo mayor presencia y niveles mínimos de representación en la directiva del FNRP.

La Asamblea Constituyente y el FNRP

 

La necesidad de una Asamblea Constitucional, tema fundamental planteado en la “cuarta urna”, ha mantenido su fuerza y se ha convertido en un objetivo política primordial para el FNRP. También ha permeado a la arena política tradicional, con sus actores alineándose a favor o en contra de la idea, sumando una amplia variedad de posiciones sobre su posible fecha, alcance y los mecanismos para convocarla. Es también parte de las demandas incluidas como precondiciones en el proceso de negociación lanzado por los presidente Santos y Chávez.
El propio Lobo ha impulsado el tema, aunque aún enfrenta desconfianza tanto del FNRP como de la elite y los grupos que apoyaron al golpe y a su presidencia.

Una Asamblea Constituyente, si es creada de forma democrática incorporando a todos los sectores de la población, podría aliviar al menos en parte la actual crisis institucional. Podría resolver teóricamente varios debates políticos, aunque muchas preguntas surgen:

 

1) ¿Qué podría estimular a la elite conservadora del país y a la clase empresarial para apoyar profundos cambios de forma de incluir a la mayoría históricamente excluía en Honduras?

2) ¿Qué pasaría si el FNRP usara la reforma al Artículo 5 para recolectar las firmas necesarias para un referendo, pero el Congreso lo rechaza?

3) ¿Cómo reaccionarían quienes lideraron el golpe si los votantes aprueban la formación de una Asamblea Constitucional y la mayoría de los asientos son ganados por la centro-izquierda?

Asimismo, si una nueva Constitución fuera redactada, quedan por responderse muchas pregunta fundamentales, especialmente si esta Constitución llamará a nuevas elecciones de Congreso y del presidente. Es difícil, sino imposible, predecir la reacción de los grupos poderosos en la compleja cadena hipotética de hechos necesarios para reformar el sistema político hondureño. Al analizar estos escenarios a la luz del golpe de 2009, es evidente que cualquier cambio profundo de la Constitución necesitará de un apoyo extendido de todos los sectores de la sociedad. Desde ese punto de vista, es difícil imaginar una solución negociada si las elites económicas y políticas, junto a quienes complotaron con el golpe, no concuerdan en la necesidad de abrir la arena política a soluciones como la Asamblea Constitucional. Una amplia movilización pacífica, la conciencia de que Honduras no se desarrollará con los actuales niveles de exclusión, y la influencia positiva de la comunidad internacional y en especial de Estados Unidos, jugará un papel fundamental en esta encrucijada. ¿Reconocerán las fuerzas armadas y los sectores pro-golpe que participan en el gobierno los beneficios de ceder parte de su poder para alinearse con las demandas de la población?

La Asamblea Nacional determinó que el FNRP convocará a su propia Asamblea Constitucional, y nombró una comisión de 16 miembros que comenzarán el trabajo de alcanzar un consenso para el texto de la nueva Constitución. Una reunión general será convocada para el 28 de junio para discutir el tema de la Asamblea Constituyente y definir los plazos y la estrategia a seguir. El progresar en este objetivo a través del uso del referendo contenido en el Artículo 5 no fue descartado.

Nuevas leyes aprobadas por el gobierno de Lobo

Otro tema que afecta el camino a la reconciliación y que ha pasado inadvertido para la comunidad internacional es un grupo de iniciativas reformistas impulsadas por el presidente de Honduras y el Congreso. Estas iniciativas han sido fuertemente criticadas por los grupos de la sociedad civil y el movimiento de resistencia. En el último año el gobierno ha aprobado importantes reformas a las leyes laborales, debilitando beneficios que los miembros de sindicatos y grupos de trabajadores consideran esenciales.  El costo de no participar en las elecciones ha resultado evidente para los grupos organizados bajo el alero del FNRP, considerando que no tienen representación legislativa que proteja sus intereses.
Para los grupos sindicales la reforma más preocupante ha sido el cambio al régimen de horas laborales, abriéndose la posibilidad de contratos temporales y por hora, lo que en la práctica permite emplear a los hondureños sin respetar el anterior sueldo mínimo y el mínimo estándar de horas legales. De acuerdo a grupos de defensa laboral, esto podría tener repercusiones en beneficios como vacaciones, bonos anuales, licencias pagadas pre y post parto, y derechos de contrato colectivo. El gobierno responde a estas críticas señalando que las medidas dan mayor flexibilidad al mercado laboral y a los empresarios, y que tendrá consecuencias positivas en los niveles de empleo.

Otras leyes han afectado a los profesores, que se encuentran en constante movilización oponiéndose a amenazas a sus beneficios laborales y la posible privatización de parte del sistema de educación pública, según sus denuncias. Los profesores recientemente organizaron varias semanas de huelga, que produjo los niveles más altos de violencia y represión policial desde que Lobo llegó al poder. Una profesora, Ilse Velásquez, murió durante manifestaciones callejeras. El presidente Lobo incluso amenazó con despedir a los profesores si no volvían a sus puestos de trabajo. Después de un mes de huelga, los profesores y el gobierno lograron un acuerdo para iniciar un proceso de diálogo, aunque los funcionarios advirtieron que podrían volver  a las calles si sus demandas no son satisfechas.

Asimismo, se han concesionado fuentes de agua a empresas privadas, pese a la oposición de grupos campesinos. El tema del agua y de la tenencia de la tierra ha provocado fuertes tensiones en las zonas rurales, especialmente en la zona del Bajo Aguán, donde se han producidos varios asesinatos de campesinos y activistas, en choques con la policía o con fuerzas de seguridad privadas.

Se aprobó además una ley antiterrorista. Las organizaciones no gubernamentales denuncian que esta ley podría usarse políticamente contra grupos sin fines de lucro que el gobierno percibe como opositores, poniendo trabas al financiamiento desde el exterior. Otra iniciativa  es la que crea las llamadas “ciudades modelo”, centros industriales autónomos que, según sus opositores, crearán espacios extraterritoriales a beneficio de inversores extranjeros, con su propio régimen tributario y jurisdiccional. El gobierno señala que el país necesita urgentemente estas “ciudades modelos” para atraer a la inversión extranjera. En efecto, la Ley de Regiones Especiales de Desarrollo crea una jurisdicción especial para esas ciudades industriales, con sus propios jueces, administración y regulaciones legales. Pueden incluso firmar acuerdos comerciales internacionales y asumir deudas nacionales y externas. Sin embargo, estas regulaciones paralelas quedarán bajo aprobación del Congreso, y la ley establece claramente que la soberanía se mantiene bajo las normas constitucionales hondureñas.  Los grupos opositores a estas nuevas entidades regionales señalan que amenazan la soberanía nacional para apoyar a empresas extranjeras.

Derechos humanos

El nivel de impunidad de los crímenes contra los derechos humanos está a niveles críticos en Honduras. Casi dos años han pasado desde el golpe de 2009, y no ha habido ni una sola condena judicial contra agentes del Estado involucrados en casos que incluyen abuso de autoridad, tortura y ejecuciones extrajudiciales. Por el contrario, cientos de activistas y manifestantes en protestas callejeras han sido arrestados o detenidos. Un caso simbólico, la muerte del manifestante de 19 años Isis Obed Murillo, está aún pendiente, casi dos años después de su asesinato el 5 de julio de 2009. Este caso específico simboliza la incompetencia del sistema judicial, incluyendo la Fiscalía General y su oficina de derechos humanos, para resolver y enjuiciar esos crímenes. Isis Obed Murillo fue mortalmente herido cuando manifestantes que esperaban el retorno de Zelaya fueron baleados por fuerzas militares que controlaban el aeropuerto de Tegucigalpa, evitando que el avión que trasladaba al presidente aterrizara. Casi dos años después del asesinato de Obed Murillo, aún no son realizados los análisis balísticos necesarios para identificar entre los soldados presentes ese día el arma que disparó al joven en la cabeza.
El número de violaciones a los derechos humanos  contra activistas políticos, defensores de derechos humanos, miembros de la comunidad LGTB, periodistas, y la población en general continúa aumentando, sin acciones concretas de la Fiscalía General. Una serie de asesinatos sectoriales, como los sufridos por la comunidad LGTB y periodistas, han recibido cobertura local e internacional. Sin embargo, la mayoría de las violaciones de derechos humanos, particularmente las matanzas en zonas rurales como las del Bajo Aguán no han recibido cobertura mediática y permanecen en un completo estado de impunidad judicial. Además, ciudadanos hondureños continúan huyendo al exilio. Un ejemplo reciente es el de Héctor Soto, el joven director del Grupo Sociedad Civil, una organización sin fines de lucro que combate a la pobreza. Amenazas de muertes constantes y acoso provocaron recientemente que Soto dejara el país. Muchos casos están también siendo procesados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La Comisión de la Verdad continua recolectando información para un informe que ha generado altas expectativas en el gobierno y en grupos de interés, al igual que indiferencia de tanto los grupos de derecha cercanos al golpe, como de las organizaciones de derechos humanos que no reconocen a la comisión debido a su vínculo con el gobierno de Lobo. De acuerdo a información preliminar, el reporte podría incluir información sobre unos 60 asesinatos políticos que han ocurrido desde el golpe. Asimismo, la comisión ha recolectado unos 200 testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos. Las recomendaciones que la comisión publique sin duda provocarán controversia. Sus miembros reconocen la preocupación que existe en diferentes sectores sobre el contenido del informe debido a las implicaciones políticas para el gobierno de Lobo, los esfuerzos de reconciliación y la posible reintegración de Honduras a la OEA[15]. Después de varios cambios de fecha, como se mencionó anteriormente, la Comisión de la Verdad anunció recientemente que publicará su informe después de la Asamblea General de la OEA que se realizará la primera semana de junio, para facilitar el proceso de negociación liderado por los gobiernos de Colombia y Venezuela.

La OEA, Estados Unidos y los derechos humanos

El hecho de que Honduras no esté integrada a la OEA ha repercutido en parte en el nivel de ingresos del país y en los negocios de la elite empresarial. Sin embargo, a medida que el gobierno logra ser reconocido lentamente por más países, esto hace disminuir esa presión económica y política[16]. Si no existe esa mínima presión económica para obligar a una negociación y generar un nuevo pacto social, ¿qué podría forzar a la elite conservadora a sentarse a la mesa? ¿Qué significaría esto para potenciales negociaciones  si Honduras reingresa a la OEA en las actuales condiciones políticas?

La OEA y Estados Unidos deben tener muy en cuenta estas preguntas. El retorno de Honduras a la comunidad internacional no soluciona el punto central que inició toda esta crisis: la necesidad de reformar profundamente la institucionalidad hondureña para generar cambios reales, a nivel constitucional, a nivel de la cultura política del país y a nivel social. La reintegración de Honduras a la OEA en las actuales circunstancias de la ecuación es un tema crítico. La OEA insiste en que puede ayudar más a Honduras si el gobierno de Lobo está dentro de la organización, especialmente en el tema de los derechos humanos. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos no considera el tema de los derechos humanos como esencial para esta reintegración. Como lo señaló el secretario adjunto de Relaciones Públicas del Departamento de Estado, Philip J. Crowley, en octubre de 2010, cuando se le preguntó sobre la carta enviada a la secretaria de Estado Hillary Clinton por 30 congresistas de Estados Unidos pidiendo la suspensión de ayuda al gobierno de Honduras, “yo creo que donde no concordamos con nuestros colegas congresistas es en que ellos fijan el avance en derechos humanos como precondición para el retorno de Honduras a la OEA”.  Durante la última visita a Washington DC de la Plataforma de los Derechos Humanos de Honduras, reconocida con el premio 2010 Letelier-Moffitt, el mensaje de la OEA quedó claro, entre las múltiples reuniones realizadas por sus dirigentes. Las organizaciones de derechos humanos también exigen al gobierno de Estados Unidos que suspenda la ayuda a las fuerzas armadas y a la policía de Honduras, debido a que esos fondos podrían estar siendo usados en la represión contra la ciudadanía. La  posición de los dirigentes de derechos humanos y del FNRP, es la opuesta a la de la OEA y Estados Unidos. El gesto de reintegrar al gobierno de Lobo a la OEA sin un cambio sustantivo en el tema de protección a los derechos humanos enviará, advierten, un claro mensaje de impunidad a los golpistas, pues muchos de quienes derrocaron a Zelaya son parte del gobierno actual. Señalan que ya no habrá forma de ejercer presión, ni diplomática, ni política, ni económica, si Honduras es bienvenida a la comunidad internacional sin precondiciones. Este hecho es fundamental para entender las posiciones actuales. Gran parte de la Plataforma de Derechos Humanos y del FNRP no legitima acciones que emanen del gobierno de Lobo, debido al vínculo vital que ven entre el mandatario y el golpismo. Asimismo, perciben el empeño de la OEA para que Honduras vuelva a la organización como funcional a la impunidad de las consecuencias del golpe.

Conclusiones: el futuro de la reconciliación y la necesidad de un nuevo pacto social

En cualquier escenario que surja en el futuro inmediato hay, sin embargo, un factor claro: el golpe de Estado ha provocado el surgimiento de un nivel de movilización política histórico, que no se había dado en el pasado reciente. Los líderes del FNRP y de la Plataforma de Derechos Humanos creen que ese nivel de movilización y organización popular subrayar su importancia como actores que deben ser tomados en cuenta seriamente. No puede haber reconciliación política real en la Honduras de hoy solamente apoyando al gobierno de Lobo, ni negociando sólo con la elite conservadora, ni integrando al país a la OEA sin condiciones ulteriores. Si no están todos sentados a la mesa, reconociendo la voz de los sectores que han estado hasta ahora excluidos, esos acuerdos no contarán con la imprescindible legitimidad que garantice cambios sustentables en el balance de poder y elimine la inestabilidad social y política o, de manera concreta, la amenaza de un nuevo golpe militar en los próximos años. El golpe no eliminó la necesidad de un proceso reformista, más bien lo potenció, y seguirá avanzando si el impulso de los grupos de base o de los partidos políticos continúa creciendo. No reconocer a estos actores políticos emergentes en Honduras, sus agendas programáticas basadas en la movilización pacífica y la necesidad histórica de cambio en el balance de poder sería un error crítico cometido desde los pasillos del poder en Washington. En este sentido, el nivel de influencia de Estados Unidos puede ser enormemente positivo, si Washington canaliza su poder interno en Honduras de manera constructiva, facilitando el diálogo entre todos los sectores, y reconstruyendo la confianza con la resistencia, con el FNRP y con quienes, desde su posición de apoyo a la expulsión de Zelaya, fueron perjudicados por algunas de las medidas que el gobierno de Washington puso en práctica directamente después del golpe.  El proceso de reconciliación no será promovido simplemente potenciando a la Presidencia de Lobo, pues es un hecho político que muchos actores del espectro ideológico, desde la resistencia hasta la derecha, no se sienten representados por el actual gobierno. Para alcanzar la verdadera reconciliación, el primer objetivo debe ser un nuevo pacto social. La clave del drama hondureño es la enorme miseria en sus calles, la profunda inequidad, y una clase política, económica y militar que controla los fondos del Estado para mantener sus privilegios. El chavismo jamás hubiera penetrado en la política hondureña de no haber existido una ciudadanía anhelante de respuestas a su situación grave de marginalidad, socioeconómica y política. De haber habido mínimas condiciones de participación y de reformismo progresista para solucionar estas carencias, nunca hubiera habido una “cuarta urna” ni golpe de Estado. De no haber avances en el corto plazo en la construcción de este nuevo pacto social que Honduras necesita para avanzar equitativamente, las condiciones políticas para un cambio profundo se debilitarán, dado que el país entrará en la campaña para las elecciones de 2013.  Esos comicios, que ya están a la vuelta de la esquina para los estándares internos de Honduras, desviarán en parte este debate programático de largo plazo, pero no lo suficiente para eliminar la necesidad de reformas de fondo para lograr un país más integrado y verdaderamente democrático.

 

 


[1] Más detalles sobre el texto del acuerdo: http://www.in-honduras.com/Files/guaymurasfirmado.pdf

[2] Es importante mencionar que Adolfo Facussé también es identificado como parte de quienes apoyaron el golpe de 2009. Su visa estadounidense fue por ello revocada. Más información: http://laprensa.hn/Pa%C3%ADs/Ediciones/2009/09/14/Noticias/Adolfo-Facusse-fue-devuelto-de-EUA

[3] La “cuarta urna” fue uno de los elementos fundamentales usado por quienes ejecutaron el golpe como justificación para el derrocamiento del presidente Zelaya. El ex presidente intentaba agregar una cuarta urna donde los votantes serían consultados sobre si apoyaban un referendo sobre la creación de una Asamblea Constitucional. La urna sería instalada en las elecciones presidenciales, legislativas y municipales que iban a efectuarse en noviembre de 2009. A pesar de la fuerte oposición de la comunidad empresarial conservadora, la Corte Suprema, las fuerzas armadas y dentro del Congreso, el presidente Zelaya insistió en la legalidad de una consulta no vinculante para preguntar a la población sobre incluir o no esa cuarta urna. Esta consulta iba a realizarse el 28 de junio de 2009.  Durante esa mañana, el presidente Zelaya fue secuestrado por personal militar desde su casa, llevado a una base castrense, expulsado del país en un avión de la Fuerza Aérea y dejado en Costa Rica.

[4] Según una encuesta de IUDOP de enero de 2011, un 56.4% de los consultados está “muy de acuerdo” o “algo de acuerdo” con una Asamblea Constitucional, versus un 40.5% que está “nada de acuerdo” o “poco de acuerdo”. Un mayoritario 40.4% está “muy de acuerdo” y sólo 3.3% no responde, un pequeño porcentaje que demuestra que los hondureños no son indiferentes al tema. Detalles: http://democracyinamericas.org/pdfs/IUDOP_Poll_Jan_2011.pdf

[5] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[6] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[7] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[8] Bertha Cáceres, miembro del FNRP, y líder y fundadora del Consejo de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[9] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[10] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[11] La reforma al Artículo 5 impulsada por el Ejecutivo tuvo amplio apoyo en el Congreso. Es necesario un 2% del censo electoral para presentar una solicitud de referendo. Diez congresistas o el presidente de la República pueden también presentar propuestas de referendo. Sin embargo, si la reforma es sobre leyes ordinarias, el Congreso debe aprobar la solicitud con un 50% de sus miembros, y con un quórum de 2/3 en el caso de reformas constitucionales. Si el Congreso la aprueba, el Tribunal Supremo Electoral asumirá la responsabilidad de convocar al referendo. Éste es válido si votan al menos 51% del total de personas que participaron en la elección anterior. Debe ser aprobado por un 50.1% de los votos válidos.

[12] Entrevista personal, Tegucigalpa, Honduras, febrero de 2011.

[13] Roberto Micheletti, senador del Partido Liberal, ex presidente del Congreso. Fue declarado presidente de la República por el Congreso hondureño luego del derrocamiento del presidente Zelaya a manos de las fuerzas armadas. Representa a la tendencia más conservadora del Partido Liberal. Paradojalmente, Micheletti solía ser un cercano aliado del presidente Zelaya, y el ex presidente apoyó la candidatura de Micheletti, finalmente derrotada, en las primarias presidenciales de 2008 del Partido Liberal. Más información: http://www.diariocritico.com/mexico/2008/Diciembre/noticias/114441/zelaya-derrotado-de-primarias-en-su-partido.html

[14] “Estado de la población en Honduras”, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, noviembre de 2003. Más información, http://poblacion.rds.hn/analisis_investigaciones/Estado_de_la_Poblacion.pdf

[15] Entrevista personal, Tegucigalpa, febrero de 2011.

[16] Por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) realizó su reunión de gobernadores centroamericanos en Tegucigalpa, la primera semana de marzo de 2011. Sin embargo, los ingresos fiscales han caído debido a la crisis económica, al aislamiento internacional y la falta de inversiones frescas; esto ha afectado el gasto social, empeorando aún más la situación interna.