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Mientras tanto, otro dirigente del COPINH fue asesinado ayer en Honduras: Nelson García
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Los expositores en el Consejo de las Américas incluían a los embajadores de Estados Unidos en varios países de Centroamérica, entre ellos el de Honduras
Varios activistas de la Red de Acción Latinoamericana y Caribeña (Latin American and Caribbean Action Network, LACAN) interrumpieron, con mensajes de crítica al rol de Estados Unidos en el clima de inseguridad contra los dirigentes comunitarios en Honduras, una reunión del “Council of the Americas” (Consejo de las Américas), organización que representa a las empresas privadas del continente.
La reunión, realizada en el corazón de Washington DC, convocó a los embajadores de EEUU Carlos Moreno, (Belize), Fitzgerald Haney (Costa Rica), Todd Robinson (Guatemala), Laura Dogu (Nicaragua), John Feeley (Panamá) y James Nealon, el representante en Honduras.
Los activistas desplegaron carteles y denunciaron el reciente asesinato de la destacada dirigente indígena y medioambiental Berta Cáceres, hasta ahora impune en Honduras, en el contexto del apoyo que Estados Unidos entrega en materia de seguridad al país, fondos que han tenido casi nulo impacto en el país más violento de las Américas.
Los manifestantes calificaron como “vergonzoso” el hecho de que Estados Unidos financie a fuerzas de seguridad que podrían estar involucradas en violaciones a los derechos humanos. Así lo expresa el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), al que pertenecía Berta Cáceres, que venía denunciando amenazas contra la dirigente desde hace varios meses, justamente desde algunos grupos paramilitares o del Estado que operan en apoyo a proyectos privados.
En ese tema, la organización American Friends Service Committee (AFSC, o Comité de Servicio de Amigos Estadounidenses) denunció recientemente que la empresa DESA que está construyendo la represa hidroeléctrica en el Río Blanco (a la que Berta Cáceres y la comunidad Lenca se oponían), se ha beneficiado de fondos a través del proyecto “MERCADO” de USAID. Asimismo, la unidad especial de policía militarizada TIGRES (Tropa de Investigación y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad) ha ejercido aparentemente labores de seguridad en beneficio de DESA, según AFSC. Tanto TIGRES como la operación MERCADO son financiados por fondos de Estados Unidos.
“Los Estados Unidos y el gobierno de Honduras por acción u omisión son responsables de la muerte de Berta Cáceres. Debe haber una investigación que involucre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su asesinato y se debe terminar el financiamiento militar a Honduras”, declararon los manifestantes en el Consejo de las Américas.
Otro dirigente asesinado
Asimismo, recordaron que esta semana otro dirigente de derechos indígenas fue asesinado. Se trata del caso de Nelson García, baleado frente a su casa. Como respuesta a esta ola de asesinatos, más de 200 organizaciones de derechos humanos han enviado una carta al Secretario de Estados John Kerry exigiendo que se termine la asistencia a las fuerzas de seguridad de Honduras.
Grupos paramilitares privados, muchas veces en complicidad con fuerzas policiales o militares del Estado de Honduras y narcotraficantes, han estado involucrados en acoso, violencia y asesinato en contra de dirigentes comunitarios en varias zonas, incluido el caso del Valle del Aguán, en un país sacudido por la violencia del crimen organizado, la pobreza, secuestros y extorsiones de pandillas y mafias. Esto, pese a que el país posee la base militar más grande de Estados Unidos en la zona de América Central, Palmerola, y recibe la inyección constante de fondos en el área de la seguridad.
Más información
- Reporte, en inglés, en Democracy Now!, sobre protesta (minuto 12)
- English version of this article
- Video de la acción de protesta en el Council of the Americas