Al mejor estilo navideño, las grandes corporaciones y los candidatos ávidos de más dólares para asegurar un sillón en el Congreso o en las gobernaciones de Estados Unidos han conseguido recientemente incluso mejores condiciones para canalizar dinero y eliminar aún más los límites a contribuciones millonarias.

Fue en el año 2010 cuando la Corte Suprema permitió un cambio que afectó profundamente el escenario del negocio de la política en EEUU: convirtió la donación desde las grandes empresas y de los sindicatos a campañas electorales, en un acto equivalente al ejercicio de la libertad de expresión, es decir, declaró ilimitado el nivel de gastos por ser un derecho universal a la opinión política. La Corte procedió, en ese sentido, a una torcida interpretación de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, señalando que las grandes corporaciones no pueden ser limitadas en su ejercicio de expresión política, transformada en dinero…

La única condición es que esa transferencia ilimitada de fondos no estuviera solicitada o administrada directamente por un candidato, sino a través de un grupo independiente de apoyo, autónomo y en teoría no coordinado por quien compite. Esos grupos pasaron a llamarse “Super PACs” (en inglés Political Action Committee, o Comités de Acción Política).

Sin embargo, esa relación “no directa” entre el candidato y su Super PAC se ha convertido en un eufemismo que ha sido fácilmente aprovechado por el mundo de la política. Antes de esa decisión, el dinero estaba igualmente omnipresente en la actividad política de EEUU, pero las empresas y corporaciones eran equivalentes a cualquier ciudadano, y no podían donar más de $5 mil dólares. Lo que es peor, las nuevas reglas de 2010 que dan origen a los Super PACs no obligan a transparentar el origen de los fondos, retrocediendo en la práctica en varios años al control que se había construido en Estados Unidos contra los gastos electorales desmesurados. En efecto, las medidas legales actuales son incluso peores que en los países de América Latina, constantemente criticados desde el propio Estados Unidos por su falta de transparencia o corrupción política. Ciertamente, la potencia del norte está por debajo de su propio discurso en este tema.

Las nuevas reglas, aprobadas en silencio en noviembre por la Comisión Electoral Federal (FEC por sus siglas en inglés) y denunciadas por la prensa esta semana (Washington Post, Common Dreams, The Hill), señalan que ahora los candidatos sí pueden solicitar fondos para los Super PACs, siempre y cuando la solicitud se haga a pequeños grupos, no más de 3 personas. El candidato mismo, al reunirse con un millonario, por ejemplo, puede simplemente solicitar el máximo que la ley permite (5 mil dólares), y en esa misma reunión o posteriormente a ella un miembro de su Super PAC puede a continuación pedir la cantidad que sea. Incluso antes de esta nueva relajación de las reglas, no existía forma concreta de controlar que un Super PAC no se coordinara de alguna forma con su propio candidato. Como denuncian los grupos de interés que apoyan volver a las antiguas reglas, el fallo de la Corte Suprema de 2010 es una falacia en cuanto a pretender que un candidato no tenga algún contacto o influencia en las decisiones de su Super PAC, especialmente frente a las millonarias cifras gestionadas, la complejidad estratégica de las carreras al Congreso, el gasto exorbitante en publicidad, la logística de la movilización de decenas de funcionarios y un largo etcétera. No cabe duda que la nueva ley, en ese sentido, invita a la corrupción y al incumplimiento constante de la ley.

La nueva medida de noviembre es tan escandalosa, junto a la modificación de la Corte Suprema de 2010, que cálculos reportados en la prensa señalan que de lo gastado en campañas federales electorales  por Super PACs desde 2010 a 2015 (más de mil millones de dólares), un 60 por ciento provino de solo 195 individuos y sus cónyuges, según informa BrennanCenter.org. Es decir, cada uno de ellos puede hacer la donación máxima de $5,200 dólares directamente al candidato, y luego una cifra ilimitada a un Súper Pacto del mismo candidato. En otras palabras, un par de centenas de personas tiene una influencia infinitamente superior a 318 millones de estadounidenses.

Y si en el ciclo electoral de 2010 se gastaron un poco menos de 500 millones de dólares en las campañas  (informa opensecrets.org), luego de la decisión de la Corte Suprema en 2012, ya se estaban gastando 1,300 millones de dólares.

Asimismo, abundan las acusaciones de grupos que trabajan contra la falta de transparencia sobre el pobre trabajo de supervisión y regulación que realiza la Comisión Electoral Federal (FEC, por sus siglas en inglés). La coalición formada por las organizaciones Public Citizen, Friends of the Earth, y el Center for Media and Democracy, exigió a la FEC proceder a  la auditoría del gasto electoral en Estados Unidos, es decir, simplemente “hacer su trabajo”.

Se estima que se gastarán aproximadamente 10 mil millones de dólares en el ciclo electoral de 2016 en Estados Unidos, y que sólo en la campaña presidencial será gastada la increíble suma de 5 mil millones de dólares, más del doble (2 mil millones de dólares) de las campañas de Obama y Romney en 2012.

Patricio Zamorano – El Ciudadano