Publicado originalmente en el Diario La Opinión de California, el 18 de agosto de 2000
Patricio Zamorano
En Chile, pese a la ola de discordia que sin duda se activó ayer tras darse a conocer el fallo de la Corte Suprema que desaforó al ex dictador Augusto Pinochet, existe un único factor de consenso en la nuevamente polarizada sociedad: la necesidad de terminar la transición a la democracia, más de una década después de haber expirado 17 años de poder militar. Finalizar esa época de ajuste, curiosamente, fue la consigna de los defensores y detractores de Pinochet. Claro que la diferencia de fondo está en la fórmula: para quienes exaltan la figura del general, terminar la transición implica cerrar todas las causas de violación a los derechos humanos, dejar tranquilo a Pinochet en su cargo de senador vitalicio, y, en definitiva, apelar al juicio aséptico e impune de la historia. Para las víctimas de la represión pinochetista el desafío principal para cerrar la transición pasa irremediablemente por establecer mínimos cánones de justicia, someter a proceso a los culpables –muchos de ellos aún en servicio activo en las Fuerzas Armadas– y encontrar los cuerpos de los desaparecidos. Y esta dicotomía en la visión de país se hace más palpable y se confirma leyendo las declaraciones empapadas de vehemencia luego del fallo en Santiago de Chile: los dirigentes de derecha, los empresarios, los altos jefes militares, denunciaron que con quitarle el fuero parlamentario a Pinochet se abrían las heridas del pasado y no se aseguraba el “encuentro” entre los chilenos. El propio hijo del ex dictador, Marco Antonio, dijo que no veía “ánimo de reconciliación” para terminar con las divisiones del pasado. La Alianza por Chile, que aglutina a los partidos políticos que defienden la obra del anciano militar, también consideraron que se rompía el “espíritu de unidad” a raíz del fallo.
La falta de sensibilidad que tiene la derecha chilena por el saldo en víctimas civiles del gobierno de Pinochet se ha reforzado con este fallo. No se han dado cuenta que el proceso iniciado en España, que mantuvo cautivo a Pinochet por un largo periodo en Londres, y que terminó provocando su desafuero, se debió justamente a que las heridas a las que ellos apelan ya se encontraban abiertas desde la primera bala que derrocó al doctor Salvador Allende en 1973. Es difícil ser derecha en Chile, mostrarse al mundo defendiendo un gobierno por sus éxitos macroeconómicos, pero al mismo tiempo negar una verdad tan aberrante y evidente como fue la violación a los derechos del hombre. El mismo Poder Judicial que por veinte años negó la justicia la otorga esta semana soportando las imprecaciones de los dirigentes políticos cercanos a Pinochet. Acusan a la institución de poca seriedad, de ser parte de una confabulación mundial del socialismo, de haberse expuesto a las presiones del gobierno de centro izquierda. Lo cierto es que el Poder Judicial que desaforó a Pinochet es producto de una renovación que inició el presidente Eduardo Frei a mediados de los noventa, y que rindió sus frutos, pues sacó de la Corte a la mayoría de los jueces nombrados por el ex dictador.
Además, el empresariado, que jugó un papel importante en derrocar a Allende, vuelve a utilizar frases similares a la víspera del golpe de Estado de 1973, como las vertidas por el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Walter Riesco, quien dijo que “se hace imposible pensar” que el desafuero “no incidirá en el clima de confianza que Chile necesita para superar sus problemas recesivos y para generar los empleos que los chilenos tanto requieren”. ¿Por qué se conectan los empleos con Pinochet? Ya los empresarios generaron desabastecimiento para presionar con hambre a las masas con el objetivo de provocar tensión contra Allende. Ahora aparecen como amenazas destempladas, fuera de contexto. El país es próspero, toda la comunidad mundial apoya la aplicación de justicia, y las Fuerzas Armadas no han dado señales de “cuartelazos”, aunque fueron claras en que con el fallo los esfuerzos que se habían hecho para llegar a acuerdo con el gobierno para ubicar los cuerpos de los detenidos desaparecidos fueron anulados. Con toda la discordia que se produzca, con toda la crisis temporal que se desencadene, con todas las tensiones cívicas y militares que habrán de esperarse, el juicio a Pinochet era el eslabón pendiente en la cadena de una transición inconclusa. Aunque el ex dictador finalmente se salve de ser condenado o de dar un paso en la cárcel, una vez juzgado y fallada su condena o su absolución, su paso por la historia habrá acabado, y sólo quedará pendiente dar cristiana sepultura a los miles de muertos aún no encontrados y juzgar a todos los oficiales comprometidos. Pinochet ya será un saldo del pasado reciente, un veterano retirado y mirado en la medida de sus culpas por cada chileno, pero sin procesos pendientes, sin el juicio necesario que nunca llegaba, que mantuvo y mantiene en vilo la venganza y el deseo de justicia en los corazones. Su juicio es la llave para la transición, y todos los chilenos deberían estar conscientes de la posición política, moral y social que debe existir si el costo de juzgar al anciano militar implica reconciliación y cerrar, ahora sí y respetando el dolor de miles de familias, las heridas provocadas por el odio y la intolerancia.