Publicado originalmente el 13 de diciembre de 2008 en la revista El Periodista, Chile
Patricio Zamorano
Un día como hoy, 12 de diciembre (cuando escribo esta columna), de un fatídico año 2000, la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos resolvía no permitir que Florida recontara los sufragios de la elección presidencial entre Al Gore y George W. Bush. La negativa a algo tan elemental como revisar el conteo de uno de los mayores desastres del sistema electoral de EU, dada la cercanísima votación entre ambos contendores, golpeó fuertemente el simbolismo democrático de este país. Sin embargo, aquel hecho histórico debe ser considerado, más bien, como el lógico nacimiento de lo que vendría: el origen espurio de la presidencia de Bush dio paso al ataque del 9/11, y luego a la invasión de Afganistán, y la creación de la cárcel de Guantánamo, y la invasión a Irak, y la tortura legalizada. Y los ciclos se cierran: esta vez, un día antes del aniversario del fallo de la Corte Suprema, este 11 de diciembre de 2008, una investigación del Senado reveló que todo el entramado de tortura que ardió como pólvora reseca en los pasillos de la cárcel de Abu Ghraib no era obra de un par de manzanas podridas, como dijo Paul Wolfowitz, alto funcionario del Departamento de Defensa, en aquel tiempo. El Senado confirmó legislativamente lo que ya se sabía periodística y políticamente: los hechos en Irak correspondieron a una política sistemática, planeada, documentada y apoyada desde las alturas del poder presidencial.
El Senado señala en su informe literalmente que “el abuso de prisioneros en Abu Ghraib a fines de 2003 no fue simplemente el resultado de algunos soldados actuando por su cuenta”. Agrega que “lo que en realidad ocurrió es que altos oficiales en el gobierno de Estados Unidos solicitaron información sobre cómo usar técnicas agresivas, redefinieron la ley para crear la apariencia de legalidad, y autorizaron su uso contra los detenidos”
El aludido secretario de Defensa de la época, Donald Rumsfeld, justificó los hechos a través de un portavoz, Keith Urbahn, señalando que no se ha encontrado conexión entre el gobierno, altos oficiales y los soldados ejerciendo la tortura. Sin embargo, esos dichos no se sustentan en lo más mínimo: ya se han publicado memos donde el propio Rumsfeld autoriza el uso de algunas de estas técnicas de tortura en Guantánamo, como la privación crónica de sueño, forzar posiciones del cuerpo de alto estrés, aprovechamiento de fobias (por ejemplo, sugiere el uso de perros con detenidos que tengan traumas con estos animales), ruido, humillaciones como desnudar y rapar al detenido, uso de capuchas, y un largo etcétera. Otros memos muestran claramente que el uso del agua para provocar asfixia es parte de las técnicas de interrogación, específicamente la llamada “Categoría III, número 3” que dice literalmente “Uso de una toalla mojada y agua goteando para inducir la percepción de sofocación”. Este “técnica” es considerada explícitamente por diversos organismos de defensa de los derechos humanos como tortura, no hay ninguna duda sobre esto. Las cuatro condiciones que estipula la Convención de Naciones Unidas contra la Tortura se cumplen perfectamente en la asfixia con agua: 1) el acto provoca severo daño mental o físico, por ejemplo, el miedo a morir, 2) el acto de presión es realizado intencionalmente, 3) el acto tiene un objetivo específico, 4) el acto es realizado por un Estado. Se ha escrito mucho sobre este tema en Estados Unidos, muchas discusiones siempre tangenciales, siempre al filo de la indiferencia general, pero lo que está claro es que Estados Unidos tortura, y estas técnicas están autorizadas en las fuerzas militares con pleno conocimiento y autorización de la autoridad civil del Ejecutivo. Otros memos de 2005 del departamento de Justicia justificaron la tortura en el caso de los combatientes de Al Qaeda que fueran detenidos, como forma de prevenir futuros ataques. Otros memos del propio Bush, tan tempranamente como 2002, dirigidos a sus asesores de seguridad nacional señalan que la Convención de Ginebra no se aplica a los talibanes y miembros de Al Qaeda.
Ahora bien, que el Senado establezca una constancia histórica que prevalecerá perpetuamente no significa que la sociedad entre en crisis o nada por el estilo. Chile ya conoce lo acontecido con la comisión Church en los setenta, que aclaró ya hace bastante tiempo la intervención ilegal de la CIA en la caída del presidente Allende, pero que no tuvo consecuencias duraderas en este país. A la sociedad estadounidense le gusta establecer comisiones, que hacen un trabajo impecable, revelan la podredumbre, la reconocen, la dejan al sol, la secan, y la archivan. Let’s move on. Las revelaciones de los 70 del trabajo sucio de Nixon no sirvieron de contención al escándalo posterior de los contra en Nicaragua, ni la invasión a Panamá, ni la invasión a Irak, ni las torturas, ni las cárceles y vuelos clandestinos de la CIA en Europa. Por eso escribo con este tonito, por que estoy en este momento viajando en el tren mañanero desde Maryland al Distrito de Columbia, leyendo el diario gratis de la ciudad, junto con 30 pasajeros adormilados por el vaivén del tren imperial. Todos leen el mismo diario, y han visto la noticia sobre el nuevo reporte del Senado, con el subtítulo “Interrogatorios agresivos fueron el resultado de las políticas de Bush”. Es nota única de la página 4… Pero nada se mueve, ni una pestaña osa caer embravecida. Bush no caerá, Rumsfeld goza a sus nietos. Yo miro a todos los pasajeros, y suspiro. Al fin y al cabo, todos nos subimos al mismo carro…
(*) Para revisar personalmente los memos citados en esta columna, visite la página The Interrogation Documents: Debating U.S. Policy and Methods, del National Security Archive, de la Universidad George Washington, www.gwu.edu.